Gobierno peruano adquiere sistema de vigilancia de comunicaciones civiles por US$ 22 millones

El gobierno de Perú realizó recientemente la adquisición de un sofisticado sistema de vigilancia apuntado principalmente a comunicaciones privadas por 22 millones de dólares. El software está diseñado por una empresa israelí-estadounidense llamada Verint y varios especialistas mostraron su preocupación por la falta de un marco legal que impida que la herramienta sea utilizada para espiar opositores y violar derechos humanos.

Cada vez más empresas proveen avanzados software de vigilancia a los gobiernos de la región, con las intenciones iniciales de usarlo contra el delito y el crimen organizado. Sin embargo habitualmente el uso de este tipo de sistemas terminan siendo utilizados para espionaje de las comunicaciones de los ciudadanos, lo que representa una amenaza a la libertad de expresión y a la privacidad.

En una nota publicada por Associated Press (AP) se reveló que el software adquirido por el gobierno peruano será utilizado en un programa denominado «Proyectoo Pisco». Este sistema permite rastrear llamados telefónicos, chat, mensajes de texto, correo electrónico y el historial de navegación de Internet de los usuarios. Como detalle extra, es posible grabar de forma simultánea unas 300 conversaciones y se puede rastrear la ubicación de hasta 5000 personas.

La Dirección Nacional de Inteligencia de Perú autorizó además la compra de otro sistema espionaje de Verint llamado Skylock que permite ubicar y rastrear cualquier teléfono tanto dentro del país como en el exterior. Gran cantidad de empresas telefónicas de Perú acordaron colaborar con el gobierno con la geolocalización dentro del territorio peruano por lo que las chances de excederse en el espionaje se incrementan.

En varios medios se destacó que en Perú hay leyes que impiden la intervención de comunicaciones privadas sin orden de un juez pero esto no cubre la localización en tiempo real. La falta de garantías del uso indebido de estos sistemas de vigilancia es grande, debido en parte a la historia de Perú en relación con el espionaje realizado con este tipo de herramientas a ex funcionarios del gobierno, policías y periodistas.

Verint tiene varias subsidiarias en toda Latinoamérica y sus operaciones son bien conocidas, sin embargo los ciudadanos comunes se encuentran muy poco protegidos por los marcos legales actuales. Los especialistas consideran que el sistema puede ser utilizado a otros fines distintos a los de solo “combatir el crimen”. Los gobiernos de América Latina están destinando gran parte de sus presupuestos en este tipo de sistemas y se teme que esto signifique un ataque directo a los derechos humanos de gran parte de la población.