El ministerio de Asuntos Externos de Finlandia y la Secretaría de Estado de Economía de Suiza revelaron que vendieron al gobierno de México torres falsas que permiten intervenir dispositivos móviles entre 2014 y 2015. El gobierno mexicano no ha revelado aún como y para qué se han utilizado estos avanzados equipos tácticos analizadores.
Un documento de 86 páginas revelado por la Revista Proceso indica que en julio de 2014 se autorizó el ingreso a México de una serie de dispositivos que funcionarían como “herramientas de inteligencia para la policía, fuerzas armadas y otras organizaciones gubernamentales para combatir el crimen organizado y los terroristas”.
En este mismo documento se detallan las gestiones realizadas para la autorización de exportar productos de uso con doble propósito (civil y militar). Sin embargo no existen en él ningún análisis sobre el impacto que podría tener su utilización en los derechos humanos o si la institución que recibió el equipo fue sometida a alguna investigación.
La polémica surge por la tecnología que utilizan estos equipos ya que los expertos consideran que son invasivos y amenazan la privacidad de los usuarios de telefonía, que hoy por hoy son casi todos los ciudadanos. Estos equipos son conocidos como «Stingray» y permiten extraer gran cantidad de datos, entre ellos el número de identidad internacional de suscriptor móvil (conocido como IMSI por las siglas en inglés). Este número de serie único permite que la ubicación de cualquier teléfono celular pueda ser conocida, por lo que también se conoce a estos dispositivos como «IMSI catchers» o «detectores de IMSI».
Otros datos que pueden ser conseguidos son: el número electrónico de serie del celular, acceso a los metadatos para posterior almacenamiento interno, la intercepción del contenido de las comunicaciones así como la obtención de clave de encriptación de llamados o la realización de ataques de denegación de servicio móvil. Estos dispositivos de rastreo pueden ser instalados en helicópteros, aviones y drones.
Estas torres falsas fuerzan a los teléfonos celulares cercanos a que se conecten a ellas. Una vez que esto ocurre el dispositivo puede recolectar toda la información de identificación y localización del teléfono y eventualmente puede llegar a intervenir mensajes de texto, conversaciones y navegación web.
El vicepresidente de Frontera Electrónica Finlandia declaró en una entrevista con un sitio especializado que este tipo de dispositivos presentan gran cantidad de riesgos que son «similares a los de cualquier intervención telefónica» y que cualquier operación a realizar con ellos «no debe hacerse sin una resolución de los tribunales».
Ciertos tratados internacionales a los que están adscritos Finlandia y México obligan a los fabricantes de este tipo de dispositivos a obtener autorizaciones gubernamentales para exportación. Esto se hace para garantizar que sean utilizados con fines legítimos y no se usen en actos que repriman o violen los derechos humanos.
Muchos especialistas muestran gran preocupación por la crisis de derechos humanos que vive México, debido a la gran cantidad de ejecuciones, casos de tortura y desapariciones que podría agudizarse en caso de que alguna institución gubernamental decida utilizar estos dispositivos de espionaje telefónico contra la población sin ningún tipo de control o regulación.
Fuente: Digitallpost