La Corte Suprema de Chile solicitó a Estados Unidos la extradición de tres personas, entre ellos un ex-asesino profesional estadounidense, implicadas en el secuestro, tortura y asesinato de un diplomático de las Naciones Unidas. Carmelo Soria fue un diplomático español con doble nacionalidad chilena, que a principios de 1970 trabajaba en la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe.
En 1971, cuando el partido Unidad Popular ganó las elecciones de Chile y se convirtió en la coalición gobernante de la nación, Soria se convirtió en asesor del presidente Salvador Allende. Después del violento golpe militar de 1973 que causó la muerte de Allende y derrocó a su gobierno, Soria utilizó su estatus diplomático para extender el asilo político a un número de activistas pro-Allende que estaban siendo perseguidos por el nuevo gobierno de derecha del general Augusto Pinochet.
Las actividades de Soria lo convirtieron en blanco de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el servicio de seguridad interno de Chile, líderes en la implementación del Plan Cóndor, un programa anti-comunista que comenzó en 1968 con la participación de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos. CONDOR, que finalizó en 1989, incluía operaciones psicológicas, plantamiento de micrófonos espías, secuestros y asesinatos dirigidos contra organizaciones de izquierda y activistas. El 14 de julio de 1976, Soria, que para entonces había reanudado su anterior trabajo en la ONU, fue secuestrado por agentes de la DINA. Fue torturado y asesinado en detención. Su cuerpo fue encontrado el 16 de julio dentro de un coche que había sido abandonado en un río en Santiago de Chile. El gobierno de Pinochet se negó a investigar el incidente, diciendo que Soria había estado conduciendo bajo la influencia del alcohol.
Recientemente, después de una investigación que se remonta hasta 1991, el Tribunal Supremo de Chile emitió una solicitud de extradición a Estados Unidos de tres individuos que estuvieron supuestamente implicados directamente en el asesinato de Soria. Ellos son: Michael Townley, un ciudadano de Estados Unidos; Armando Fernández Larios, de Chile y el cubano Virgilio Pablo Paz Romero, todos los cuales fueron agentes de la DINA en el momento de la muerte de Soria. Townley es un ex asesino profesional que fue contratado por la DINA para una serie de asesinatos. En 1978, un tribunal de Estados Unidos lo condenó por su participación en el asesinato de Orlando Letelier, ex-embajador de Chile en los EE.UU., que murió en 1976 cuando su coche explotó en Washington, DC. Desde su salida de prisión, Townley ha estado viviendo en EE.UU. en el marco del Programa de Protección de Testigos.
Larios, de nacionalidad chilena, también fue condenado por ser «un encubridor» del asesinato de Letelier y también está viviendo en EE.UU., después de haber logrado un acuerdo con el fiscal con Washington. El tercer individuo, Paz Romero, fue condenado a 12 años de prisión en 1991, después de admitir que él hizo detonar personalmente el coche-bomba a control remoto que mató a Leteler. Fue puesto en libertad condicional tras cumplir la mitad de su condena y se ordenó que fuera deportado a su país de origen, Cuba. Sin embargo, debido a la ausencia de un acuerdo de extradición bilateral entre Washington y La Habana, Romero permaneció bajo la custodia indefinida del Servicio de Inmigración y Naturalización. En 2001, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que las detenciones indefinidas eran inconstitucionales, por lo que Romero fue puesto en libertad y ha estado viviendo libremente en los EE.UU. desde ese momento.
