La investigación realizada en Colombia contra Oscar Iván Zuluaga, ex candidato a presidente acusado de contratar a un hacker para conseguir información vital que definió las elecciones presidenciales del 2014, tuvo un giro inesperado. Un miembro de la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia) que es testigo de la causa asegura que en la infiltración a la campaña uribista participó la Dirección de Inteligencia y la Fiscalía General.
En 2014, durante la etapa previa a las elecciones a presidente en Colombia, una revista de política y actualidad llamada Semana publicó un video grabado con una cámara oculta en el que Oscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, en el que aparentemente conviene con un hacker llamado Andrés Sepulveda para infiltrar información sobre los diálogos de paz.
Según declaraciones de Zuluaga, este video es parte de un plan armado para afectar la imagen del ex candidato por parte de organismos gubernamentales, algo que el viene señalando desde el principio. No solo puso en duda los resultados de las últimas elecciones a presidente sino que Zuluaga además exige que se realicen investigaciones profundas al exalmirante de la Armada Álvaro Echandía Durán, al exfiscal Eduardo Montealegre y al exvicefiscal Jorge Perdomo por la supuesta participación en estos hechos.
Zuluaga, perdedor por estrecho margen de las elecciones ante el presidente Juan Manuel Santos, afirmó que en caso de comprobarse que el entonces presidente Santos haya tenido algún conocimiento de la maniobra fraudulenta, «no habrá otro camino que su renuncia, como quiera que quedaría comprobada la ilegitimidad de su elección». Como si esto fuera poco agregó que la Comisión de Investigaciones de Colombia debería investigar qué tipo de responsabilidad penal tiene Santos en relación a este caso.
Debido a la confesión hecha por el hacker Sepúlveda, tanto Zuluaga como su hijo David y asesor presidencial Luis Fernando Hoyos son investigados por haber contratado supuestamente al cyber atacante para que infiltre los diálogos de paz. Todas estas personas fueron sometidas a interrogatorio por parte de la Fiscalía, salvo por Hoyos, que a pesar de tener una orden internacional de captura actualmente posee paradero desconocido.
Una vez que se conocieron estos sucesos, la DNI emitió un comunicado a través del cual negó su participación en estos hechos relacionados con la campaña presidencial y consideró a estas revelaciones como «versiones infundadas». El organismo sostiene que a la luz de los hechos acontecidos ya «hay personas que han reconocido su responsabilidad, se han allanado a los cargos, colaborado con la justicia y recibido sentencia.» y que todos los actos en los que haya estado involucrado fueron según la ley y la Constitución colombiana.
Fuente: El Espectador
