Un informe publicado recientemente por la Red de Derechos Digitales en México reveló que las autoridades de ese país utilizan todo tipo de herramientas de ciberespionaje de forma poco clara sin que eso implique en una mejor impartición de justicia. El informe titulado «El Estado de Vigilancia: Fuera de Control» asegura que el uso de las herramientas de vigilancia se realiza fuera del alcance de la justicia y se resisten a ser examinadas por entes civiles.
Según el informe entre 2013 y 2015 los organismos de seguridad mexicanos realizaron al menos 56000 operaciones de ciberespionaje a ciudadanos, sin que exista en el 99% de ellas un visto bueno de la justicia federal para obtener los datos provenientes de las empresas telefónicas y de las que proveen Internet. Como si esto fuera poco, la eficiencia de estos métodos es casi nula, el informe indica que solo una de cada 12 oportunidades en la que se usaron herramientas de vigilancia finalizaron en acciones penales.
Luis Fernando Garcia, integrante de R3D, organización integrada por Mexicoleaks, Proceso y varios medios de comunicación, aseguró que el dilema entre vigilancia y seguridad es absurdo. En el reporte se remarca existen mayores incentivos para que la vigilancia sea realizada de manera ilegal, llegando a arriesgar la seguridad de los ciudadanos que los que proponen la vigilancia irrestricta aseguran cuidar.
Telcel, una de las mayores proveedoras de servicios de comunicación de México, entregó ante solicitud de las autoridades toda la información necesaria de sus usuarios, lo cual demuestra la poca preocupación por los derechos de la privacidad que tienen sus clientes. Otras empresas por su parte se negaron a brindar estos datos.
Si a estos hechos le sumamos el uso de programas espías como «Pegasus» y «Galileo», adquiridos en secreto por autoridades federales y estatales mexicanas, la situación se pone aún peor. Estos programas fueron utilizados para infectar computadoras y teléfonos de gran cantidad de ciudadanos, llegando a activistas y periodistas de gran variedad de medios.
R3D detecto por su parte gran cantidad de errores estadísticos e inconsistencias entre las datos proporcionados por los que están a cargo del ciberespionaje en México. También tuvieron que lidiar con una preocupante y creciente opacidad y negativa de transparentar tanto sus métodos de trabajo como sus fines. Un claro ejemplo fueron los documentos que las autoridades gubernamentales entregaron a R3D, los cuales estaban completamente tachados, solo se pueden ver los logotipos de los organismos, el resto es ilegible.