Uruguay: se investiga espionaje en democracia

Varios miembros del partido Frente Amplio (FA) de Uruguay buscan formar una comisión en el Parlamento para investigar supuestas acciones de espionaje ilegal por parte de agentes militares durante la democracia. Una de las cuestiones claves es definir si todo el material de archivo que se encontró en el hogar de un ex-jefe de Inteligencia llamado Elmar Castiglioni que trabajó durante la dictadura militar era parte de una iniciativa personal o si en realidad forman parte de la Inteligencia Policial.

A través de un comunicado varios legisladores del FA declararon recientemente que luego del análisis de los documentos se infiere que gran cantidad de dirigentes políticos y sociales, personalidades y organizaciones democráticas habrían sido el objetivo principal de esta clase de acciones. Esto constituiría un hecho sumamente grave al que la democracia uruguaya debería ayudar a revelar usando las herramientas que tanto la Constitución como las Leyes de la Republica les permite.

Un diputado llamado Daniel Caggiani declaró que el propio Poder Ejecutivo se involucró para enviar un proyecto al Parlamento y de esta manera crear una ley que dé un marco adecuado sobre el tema Inteligencia. En esta ley se asignaría a una comisión especial integrada por los partidos que forman parte de la Asamblea General para controlar las actividades de inteligencia que tanto la policía como los militares lleven a cabo. Esto implicaría un control por parte de la parte civil hacia estas actividades, lo que evitaría que sea manejada de forma exclusiva por cada una de las armas.

Por otra parte, el Partido Comunista y varias organizaciones políticas, sociales y sindicales de Uruguay hicieron un reclamo firme de verdad y justicia. La organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos durante la dictadura (1973-1985) denunciaron que hubo varios cuestionamientos y presiones por parte del sector militar hacia el poder político para que los privilegios que poseen no sean manipulados, ni que exista un recorte del poder que tienen.

La organización remarcó a través de un comunicado que seguirán denunciando a todas las instituciones militares por actuar como cuerpo, las cuales mantienen un pacto de silencio y de negación pública de los daños que han causado a la sociedad. Aseguran además que no se puede construir una base sólida de convivencia democrática basada en el terror y la intimidación, y consideran que se debe realizar un gran debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas y sus responsabilidades dentro de un marco republicano y garantista.