El espionaje digital crece en América Latina

Un informe realizado por la ONG Derechos Digitales revela que los gobiernos de América Latina están cada vez más interesados en el espionaje digital. En este documento se afirma que la mayoría de los gobiernos de la región han tenido contactos con Hacking Team, empresa italiana que creó un software espía llamado Remote Control System (RCS). Este software permite acceder a prácticamente todo lo que ocurre en un teléfono celular o computadora. Permite espiar chats, mensajes, emails, contraseñas, llamadas, posición geográfica, llamadas, historial de Internet, etc.

La lista de países que adquirieron licencias para usar Galileo o DaVinci (el nombre comercial de RCS) está integrada por Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Panamá. Por su parte los gobiernos de Argentina, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela tuvieron contactos con la empresa pero se desconoce si finalmente adquirieron las licencias de uso. Al analizar las normas vigentes de los países que compraron el software el informe afirma que RCS no responde a los estándares legales y viola derechos a la privacidad y a la libertad de expresión.

En Ecuador Carlos Figueroa, opositor al gobierno de Correa, fue espiado con el software de espionaje de Hacking Team. En México se conoció que de los diez organismos que adquirieron RCS no poseen facultades para realizar vigilancia. En este mismo país el organismo de inteligencia CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) emitió más de 2000 órdenes judiciales para usar el software pero no se sabe aún si se justifica su uso.

El ex presidente panameño Ricardo Martirelli conocía sobre las negociaciones con Hacking Team. Por su parte la Policía de Investigaciones de Chile afirmó mediante un comunicado que el espionaje se realiza bajo orden judicial y de forma totalmente legal. Sin embargo los especialistas consideran que las ordenes judiciales no garantizan el uso legal del software de espionaje.

Este tipo de programas no tiene regulación explícita en ningún país de la región, o en su defecto poseen disposiciones amplias sobre el tema, con lenguaje impreciso. Esto supone que las autoridades tienen el poder de decidir por su cuenta como usar y aplicar esta herramienta.  A pesar de existir sanciones penales en casi todos los países analizados a los que intervengan ilegalmente comunicaciones y sistemas informáticos, solo existen procesos judiciales sobre este tema en Panamá.

Los especialistas consideran que no existen suficientes herramientas en manos de los ciudadanos para protegerse de la vigilancia informática que realizan los gobiernos. Es por esto que muchos sugieren que se generen discusiones abiertas sobre los estándares que deben regir el uso de tecnología de espionaje y que haya sanciones penales en caso de haber sido utilizada irregularmente.

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